Le imputan el deficiente apuntalamiento del pozo de un edificio en Güemes al 2100. La estructura colapsó en 2009 luego de intensas precipitaciones y generó el derrumbe de viviendas linderas que, de milagro, no provocaron una tragedia.

Un arquitecto rosarino fue procesado por el delito de estrago doloso luego de comprobarse que cometió groseros errores técnicos en los cálculos de apuntalamiento del pozo de un futuro edificio que proyectaba, en Güemes al 2100. La estructura colapsó en 2009 luego de intensas precipitaciones y generó el derrumbe de viviendas linderas que, de milagro, no provocaron una tragedia. La resolución volvió a poner en debate los controles de seguridad en las obras.

Unos minutos antes del mediodía del 4 de febrero de 2009, los vecinos de Güemes entre Balcarce y Oroño temieron lo peor luego de escuchar el estruendo. En el lote de Güemes 2146 el pozo de un futuro edificio había acumulado agua luego de intensas precipitaciones, lo que socavó la medianera y arrastró una edificación centenaria.

Solamente se contabilizaron daños materiales, ya que los obreros habían suspendido los trabajos a la espera de que se desagotara el pozo y los vecinos damnificados habían salido transitoriamente de sus casas.

Los responsables de la construcción ya habían recibido quejas por las rajaduras en cimientos y la falta de seguridad en el obrador. Incluso, un mes antes del derrumbe la obra había sido suspendida por no tener señalizada la excavación, no contar con elementos de protección y falta de documentación.

La investigación judicial por el accidente recayó en el juzgado Correccional Nº 1, a cargo de Georgina Depetris, quien realizó un profusa investigación técnica.

Luego de acumular numerosas pruebas y detectar groseras fallas en el apuntalamiento de los cimientos, hace dos meses la magistrada procesó al profesional a cargo del emprendimiento por el delito de “estrago doloso”. La defensa del arquitecto revocó el dictamen y solicitó la apelación en subsidio.

Depetris rechazó el planteo, aunque habilitó la vía de la apelación, que ahora se resuelve en la Cámara Penal.

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